Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos

Indicadores de Desempeño

Summary:

Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV) fueron lanzados en diciembre de 2000 por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido, luego de un proceso de un año que involucró a representantes de dichos gobiernos, ONG y compañías de los sectores de petróleo, minas y gas con casas matrices en los países participantes. Los Principios ofrecen guías prácticas para que las compañías que operan en zonas de conflicto o de gobernabilidad frágil se aseguren de que las fuerzas de seguridad pública o privada, que protegen sus operaciones, actúen bajo el marco de los derechos humanos. Esta iniciativa fue necesaria dada la preocupación internacional por el comportamiento de las fuerzas de seguridad en la protección de las instalaciones petroleras y mineras en distintas partes del mundo. El Anexo 1 contiene el texto de los Principios Voluntarios (PV) en español.

La participación en los PV ha aumentado en los últimos siete años y ahora incluyen a cuatro gobiernos, 17 compañías y siete ONG. Asimismo, las empresas han buscado guías más claras sobre cómo aplicar los PV en la práctica. Varias compañías han preparado guías operacionales detalladas de uso interno. El Anexo 2 contiene un ejemplo en español de los lineamientos empresariales diseñados por la empresa minera Anglo-American para la implementación de los PV. Los otros pilares del proceso, esto es, los gobiernos y las ONG, han buscado información más clara sobre el desempeño de las empresas en la implementación de los PV. En ausencia de indicadores creíbles o confiables, las empresas han reportado su desempeño usando distintos mecanismos o estándares de medición.

Este documento ha sido desarrollado por International Alert (IA), ONG con sede en Londres, que ha participado en el proceso global de los PV desde la primera reunión en marzo de 2000, con el apoyo financiero del programa “Global Conflict Prevention Pool” (GCPP) del Gobierno del Reino Unido y luego un aporte del Gobierno de Canadá.. Estos indicadores están basados en la experiencia obtenida durante la aplicación de los pilotos sobre metodologías de análisis de riesgo e impacto con varios miembros del Comité Minero-Energético, en asocio con la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Asimismo, la documentación de las prácticas de derechos humanos de empresas petroleras y mineras en Colombia realizada por la FIP, se utilizó como insumo. Adicionalmente, IA organizó un taller en la Universidad Javeriana en junio de 2007, en el cual recibió los aportes de Alexandra Guáqueta, Giovanni Mantilla y Yadaira Orsini de la FIP, Andrea Salazar y Jorge Restrepo del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Colombia), Gary McDonald de Monkey Forest Consulting (Canadá) y Eliana Spadoni de la Fundación Cambio Democrático (Argentina).

Este documento es una versión piloto, sin embargo, se espera que a partir de 2008 las empresas en Colombia ensayen estos indicadores en pruebas piloto y mantengan un diálogo permanente con el Comité Minero-Energético, especialmente con el Programa Presidencial para los Derechos Humanos, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, y la Asociación Colombia del Petróleo. En su fase inicial este ejercicio sera confidencial, y eventualmente los resultados podrán ser compartidos en audiencias externas como la plenaria global de los PV y otros foros relevantes en Colombia. Durante el 2008 el proceso debe ser visto como una oportunidad para que las compañías desarrollen una línea de base para la implementación de los PV. Para esto, las empresas cuentan con el apoyo técnico de IA y de la FIP.

En total son once indicadores: los primeros tres indicadores (1-3) se ocupan del análisis de riesgos e impactos en derechos humanos. Los tres siguientes (4-7) buscan que las compañías tengan procesos legales, contractuales y de entrenamiento adecuados. El octavo y el noveno (8-9) se encargan de la revisión y el registro de aspectos relacionados con la fuerza pública y la seguridad privada. El décimo (10) evalúa la transferencia de materiales y bienes a las fuerzas de seguridad. El onceavo (11) documenta los incidentes de derechos humanos que hayan tenido que sortear las empresas y las acciones emprendidas por las compañías como respuesta. Cada indicador esta acompañado de algunas consideraciones, una o dos matrices que facilitan la recopilación y presentación de información, y unos criterios para evaluar el nivel de cumplimiento de cada indicador. Los criterios de valoración han sido definidos por empresas y expertos que han colaborado en este proceso, son muy provisionales y no pueden ser analizados sin información cualitativa.

Es entendible que las empresas, en algunos casos, duden a la hora de documentar la información solicitada en cada indicador. Los autores de este documento tienen varias respuestas al respecto. En primer lugar, este es un borrador que será probado dentro de las empresas para generar y recibir retroalimentación. En esta fase no se requiere que las empresas compartan información con el público, aunque siempre es deseable. Segundo, si las empresas desean mejorar sus prácticas en seguridad y derechos humanos, tendrán que crear suficiente documentación para mantener una memoria institucional que pueda ser usada por sus gerencias en el futuro. Tercero, si las compañías desean que sus compromisos con los PV y los derechos humanos sean tomados en serio en el futuro, tendrán que crear un grado de rendición de cuentas con audiencias externas. Esta es una oportunidad única para que las compañías comiencen a “rendirse cuentas” a ellas mismas.